En mi opinión, una de las enseñanzas más importantes de la experiencia internacional en desarrollo productivo durante estas últimas décadas es que en la política económica de desarrollo se requiere complementar las actuaciones de carácter macroeconómico y las políticas sectoriales con políticas de carácter territorial, con el fin de reforzar la eficacia y la eficiencia de las políticas públicas y lograr con ello mejores resultados en términos de cohesión económica y social.
Este esfuerzo permite, asimismo, un mejor conocimiento de las características específicas de cada territorio al interior de los diferentes Estados, lo cual es también fundamental desde el punto de vista de la sostenibilidad ambiental ya que la economía debe basarse, obligatoriamente, en un diseño sostenible de los procesos de producción, consumo, reciclaje y reutilización de residuos. Este reto ambiental exige, de hecho, una reestructuración paulatina de procesos productivos y de formas de consumo y reciclaje de residuos, lo cual obliga a abandonar los habituales planteamientos de carácter genérico propios del diseño centralista y sectorial de políticas públicas, y transitar hacia esquemas participativos de gobernanza público-privada en las estructuras de gestión del desarrollo desde cada ámbito territorial.
Las estructuras tradicionales político-administrativas de los Estados, han servido hasta ahora para trasladar hacia los territorios y la población las directrices diseñadas desde los niveles centralizados de la Administración Pública. Ahora, la movilización y participación ciudadana desde los territorios deberá facilitar el tránsito hacia un diseño diferente, que requiere fortalecer un enfoque ascendente que sea capaz de alcanzar una articulación inteligente y eficaz con el enfoque descendente tradicional.
Existe un acuerdo bastante generalizado entre los especialistas en desarrollo económico sobre el hecho de que el insuficiente crecimiento de la productividad es un elemento crucial que hay que enfrentar para avanzar hacia mejores estadios de desarrollo. Por tanto, crear condiciones para mejorar la productividad parece ser un objetivo central de las estrategias de desarrollo productivo en todos los países y territorios. Esta recuperación de la reflexión sobre el desarrollo productivo supone, al menos, el abandono de las recomendaciones que durante demasiado tiempo se hicieron por parte de los sucesivos gobiernos y asesores políticos y económicos en contra de la intervención del Estado en las políticas de desarrollo, en particular las políticas de desarrollo productivo o de desarrollo industrial.
Me gustaría insistir en que esta creencia ha retrasado durante décadas el poder sentar bases más sólidas de desarrollo en los diferentes territorios, y dicho retraso ha sido tanto mayor cuanto más firme ha sido la convicción ideológica sobre estas ideas, esto es, cuanto mayor ha sido la fe en el funcionamiento libre de los mercados, las supuestas virtudes de la bajada de impuestos y de la desregulación de los mercados de trabajo y de capital. Lo más grave es que aún hoy día se presentan como alternativas planteamientos ideológicos que no solamente no aprenden de la historia reciente, sino que siguen presentándose con algunas de esas cantinelas…
Pero creo necesario insistir en otro aspecto relevante, el cual no parece subrayarse lo suficiente en las formulaciones que postulan la necesaria salvación de la industria. Me refiero al hecho de que gran parte de las políticas de desarrollo productivo requieren planteamientos desde los distintos territorios y deben contar con la participación activa de los actores territoriales clave, esto es: (i) las diferentes administraciones públicas territoriales, y no sólo la administración central del Estado; (ii) el sector privado empresarial y financiero, y las asociaciones de trabajadores y campesinos; (iii) el sector de conocimiento, esto es, universidades, entidades de formación técnica y profesional, y centros o programas de asesoramiento tecnológico, entre otros; y (iv) la sociedad civil organizada territorialmente.
Por consiguiente, es muy importante alentar espacios de cooperación público-privada, tratando de avanzar en la articulación de estos actores clave para el desarrollo territorial. El territorio no es sólo el lugar donde suceden los acontecimientos: es el conjunto de actores locales, con su organización social, política e institucional, su idiosincrasia y cultura, así como el medioambiente local.
El diseño de las políticas de desarrollo productivo desde abajo debe tener en consideración todos estos aspectos territoriales, a fin de evitar el diseño genérico desde arriba, de carácter centralista (ya sea desde el nivel central del Estado o desde las instancias de un gobierno autonómico regional). Hay que buscar siempre un ejercicio inteligente y participativo de articulación del enfoque ascendente (desde los territorios o comarcas) con los programas y actuaciones diseñadas desde los niveles centrales del Estado y de la Comunidad Autónoma (esto es, desde los enfoques de carácter descendente).
El diseño de las políticas de desarrollo productivo exige, pues, un importante desarrollo institucional, esto es, precisa de la formación de capacidades institucionales que aseguren la adecuada articulación de las políticas, lo cual incluye actuaciones multinivel, tanto en la esfera de la administración central del Estado, como en los diferentes niveles territoriales de las administraciones públicas, siendo la coordinación institucional entre las diferentes instancias públicas uno de los aspectos más difíciles de conseguir a la hora de la implementación de las políticas de desarrollo productivo.
Este desarrollo institucional incorpora diferentes instrumentos o mecanismos de articulación entre actores clave territoriales, como los acuerdos territoriales de desarrollo, la creación de consejos público-privados de actores locales, o las agencias de desarrollo local, entre otros. La creación de estas herramientas de articulación de actores busca, como es bien conocido, la intermediación entre dichos actores clave de un territorio, dotándose de la flexibilidad y capacidad técnica y operativa necesaria para la implementación de las diferentes actuaciones consensuadas en las correspondientes estrategias de desarrollo territorial o comarcal.
Tengo la impresión, sin embargo, de que en muchas regiones todavía se mira a las Agencias de Desarrollo Económico Local como instrumentos para intentar paliar el empleo, pero no como herramientas fundamentales para el avance de los cambios necesarios en la política de desarrollo productivo que se precisa.
Francisco Alburquerque — Especialista en Desarrollo Económico Local