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La perversidad del actual sistema de “libre comercio internacional”
A partir de los años ochenta del siglo pasado, los gobiernos de los diferentes países y los grandes grupos empresariales y financieros lograron imponer una reglamentación del derecho comercial internacional con el fin de facilitar los flujos internacionales de bienes y servicios de las empresas multinacionales, mediante la creación de la Organización Mundial de Comercio (1994) y la firma de tratados de libre comercio.
Esta reglamentación internacional, que impone normas estrictas y penalizaciones severas para los que las infrinjan, trata de asegurar los intereses de los inversionistas internacionales ante los riesgos que supone la toma de decisiones por parte de los gobiernos nacionales en defensa de los intereses de su industria local, o frente a los impactos desfavorables sobre la salud o el medioambiente que puedan darse como consecuencia de las actividades de inversión foráneas. De este modo, se ha impuesto un sistema de “libre comercio internacional” que facilita la expansión de las grandes empresas transnacionales, las cuales pueden presentar demandas contra los gobiernos nacionales ante tribunales privados internacionales, en el caso de que sus intereses se vean lesionados. Muchos programas y políticas de promoción de energías verdes son así impugnados y denunciados por los grandes grupos empresariales apelando a los acuerdos comerciales internacionales y, en especial, a las normas de la Organización Mundial de Comercio (OMC).
Así pues, en lugar de cooperar para avanzar en la transición hacia las energías renovables, los gobiernos acuden a la OMC para desmantelar las iniciativas de promoción de dichas energías, con el argumento de que incorporan exigencias de abastecimiento local de factores productivos, como la contratación de mano de obra local o la incorporación de empresas locales como suministradoras de insumos y productos intermedios a las industrias foráneas. De este modo, los intereses del actual sistema de “libre comercio internacional” se anteponen a los de la búsqueda de una regulación favorable a la solución de la crisis climática así como a los intentos de avanzar en los procesos de industrialización nacional y cambio del modelo productivo en los países subdesarrollados.
De otro lado, hay que recordar que las grandes compañías extractivas de combustibles fósiles reciben anualmente, a nivel mundial, entre 775.000 millones y un billón de dólares USD en concepto de subsidios[1] (Klein, 2015), al tiempo que no pagan nada por su actividad contaminante de la atmósfera, a la que siguen considerando como un sumidero gratuito, en lugar de un bien común del cual han despojado al conjunto de la ciudadanía.
Todo esto supone una dificultad para el avance de la democracia y el desarrollo de los diferentes países, así como para el establecimiento de regulaciones necesarias para proteger a la ciudadanía y el medioambiente en el mundo. La convicción ideológica sobre las bondades del actual sistema de “libre comercio internacional” debe ser puesta en entredicho ya que, detrás de ella se oculta, precisamente, uno de los mitos principales de sustentación del paradigma de desarrollo predominante.
El cuestionamiento de las normas actuales del sistema de libre comercio internacional no significa poner fin al comercio entre naciones. Implica buscar una regulación que permita cambiar el modelo productivo y energético, y evitar el comercio de productos innecesarios, que solamente sirven para mantener un patrón de consumo incesante de mercancías, bastante alejado de la atención de las necesidades básicas de la mayoría de la población. Igualmente, hay que buscar un sistema de producción de bienes diseñados para durar, es decir, no programados para una obsolescencia tecnológica rápida que los hace desechables al poco tiempo.
En los países desarrollados, así como en los segmentos de poder adquisitivo medio y alto de los países en desarrollo se trata, fundamentalmente, de alterar el modelo de consumo, reduciendo el uso del transporte a larga distancia, intensivo en energía y una de las actividades con mayores emisiones de dióxido de carbono, reservándolo solamente para aquellos productos que no pueden producirse localmente o en los que la producción local sea más intensiva en carbono. Asimismo, hay que fomentar la agricultura local y la proximidad de la producción alimentaria a los mercados de consumo, con el fin de enfrentar la expansión de las exportaciones mundiales de la agricultura industrial y la globalización de los sistemas agrícolas, que constituyen una de las causas más importantes del incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero[2]. De este modo, necesitamos impulsar una agricultura local de bajo consumo energético, incentivando el consumo de productos locales y de temporada mediante estrategias de “producción kilómetro cero”, es decir, producción de proximidad para el consumo local cuando ello es posible, técnica y ambientalmente.
Finalmente, hay que recordar que los países subdesarrollados no han colaborado históricamente de idéntica forma que los países industrializados en el crecimiento de las emisiones de gases de efecto invernadero. Por ello, su responsabilidad debe ser “diferenciada”, es decir, los países industrializados deben realizar un apoyo financiero y tecnológico a los países subdesarrollados, a fin de que éstos puedan afrontar la actual crisis climática y desarrollar una vía energética verde, tal como plantea el Movimiento por la Justicia Climática.
Un vistazo a América Latina: cambio climático y relanzamiento de un nuevo modelo extractivo exportador. La desposesión de bienes comunes
Desde hace algunos años, se extienden sobre América Latina y el Caribe las actividades extractivas de recursos naturales, una situación que aunque no es totalmente nueva, posee rasgos que merecen un análisis detenido, ya que aluden a formas de acumulación de ganancias basadas en el despojo o privatización de bienes comunes naturales, como el que tiene lugar con la intensificación de las actividades extractivas de la megaminería, las guerras del agua, la ampliación del monocultivo de la soja y la extracción de hidrocarburos.
Las actividades del modelo extractivo exportador tienen una larga presencia en América Latina y el Caribe, iniciadas con la conquista y saqueo de metales preciosos por parte de la Corona española desde fines del siglo XV. Con la expresión de nuevo modelo extractivo exportador nos referimos a un conjunto diverso de actividades caracterizadas por una misma lógica de devastación, como son la expansión del cultivo de la soja transgénica, la explotación de la minería a cielo abierto, los enclaves turísticos de lujo en los cuales la intensidad de uso del recurso es mayor que su tasa de regeneración, y la depredación de materiales genéticos, gracias al despliegue de biotecnologías que hacen posible un amplio horizonte de mercantilización de la naturaleza y la vida a escala global.
Desde el inicio del presente siglo, esta intensificación de un nuevo modelo extractivo exportador ha ido de la mano del auge del capitalismo desregulado, encontrando complicidad por parte de los distintos gobiernos. La impresionante expansión de las políticas extractivas tiene, desde luego, en los grandes oligopolios internacionales de los agronegocios y la soja transgénica, la minería y la extracción de hidrocarburos, sus agentes promotores principales, contando para ello con el respaldo político y financiero internacional, así como la expansión de la demanda de países emergentes, en especial, China, India y Brasil.
La producción minera representa hoy aproximadamente el 60% de las exportaciones del Perú, el 21% del total de inversiones extranjeras directas y el 6% del PIB, aunque supone únicamente el 1% de la generación de empleo entre la población económicamente activa[3].
La inversión privada en el sector de la megaminería se elevó en 2011 a una cifra récord de 140.000 millones de dólares USD, un volumen que es 250% superior al registrado en 2003. Asimismo, en lo relativo a la ampliación de la frontera agrícola y la extensión de los agronegocios, según datos del Banco Mundial, entre 2008 y 2009, se arrendaron o vendieron 56 millones de hectáreas en los países subdesarrollados, en especial en América Latina y África, como resultado de inversiones provenientes en gran parte de los fondos de inversión transnacionales.
Una gran parte de dichos recursos financieros internacionales provienen de los fondos de pensiones, que se calcula han invertido en los últimos años entre 15 y 20 mil millones de dólares USD en la adquisición de tierras (tanto en América Latina como en África), controlando un capital tres veces mayor al reunido por los fondos de soberanía financiera, los grupos de capital inversión y los fondos de alto riesgo a nivel mundial juntos[4].
Como puede apreciarse, la gran banca utiliza buena parte de nuestros ahorros para alentar un ejercicio especulativo que conspira contra las comunidades locales campesinas en los países subdesarrollados y contra la construcción de economías locales sostenibles, así como contra la buena fe de los ahorradores titulares de los depósitos en los países más desarrollados los cuales no suelen ser consultados sobre estas operaciones. Así pues, necesitamos urgentemente recuperar una banca de proximidad, con control ciudadano de las operaciones bancarias, así como fortalecer la función del crédito para impulsar los sistemas productivos locales, las microempresas y pequeñas y medianas empresas, la Economía Social y Solidaria, y la formación de empleos verdes.
El avance de la especulación financiera se ha desplegado también de forma dramática en los mercados de futuros de los alimentos, lo cual provoca crisis crónicas de alimentación como consecuencia de las alzas de precio de los mismos. De esta forma, el desplazamiento de la especulación financiera a los bienes comunes de la naturaleza, tras el desplome de la burbuja financiera e inmobiliaria de 2008, se ha convertido, según la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), en una de las causas principales del aumento del volumen de transacciones financieras especulativas alrededor de las materias primas, que hoy día posee un volumen hasta 20 y 30 veces mayor que los flujos de la producción real.
David Harvey ha propuesto el concepto de “acumulación por desposesión” para referirse a este tipo de acumulación basada en la depredación, el fraude y la violencia, que ha sido impulsada por el impresionante proceso de “financiarización”, esto es, la expansión del capital financiero desregulado, a partir de la década de 1980. La acumulación por desposesión no se refiere únicamente a la mercantilización de bienes naturales, sino que incluye también los bienes comunes sociales como la educación, la salud y el acceso a los medicamentos básicos, la vivienda, el acceso al agua potable y la electricidad, la banca pública de proximidad, o las telecomunicaciones, que desde la década de 1980 han sido objeto de privatizaciones a gran escala, lo que ahora nos obliga a una recuperación de los mismos. Como vemos, la acumulación por desposesión no es exclusiva del mundo subdesarrollado, ya que puede identificarse también en el ciclo de especulación financiera e inmobiliaria entre nosotros mismos. Naturalmente, a lo largo de estos años han ido surgiendo diversos movimientos sociales, enfrentando las diferentes formas de esquilmación de los bienes comunes. Estos conflictos sociales y socio-ambientales son la expresión de un conjunto de protestas de carácter político frente al avance del modelo de capitalismo desregulado que, bajo el liderazgo del sector financiero internacional, agudiza la desigualdad social y la crisis climática en el planeta.
Lo significativo es que todos estos movimientos sociales son diferentes de los que caracterizan la confrontación tradicional entre el capital y el trabajo. Se trata de nuevos movimientos sociales que centran su crítica en la esfera del consumo y las carencias existentes en el mismo debido a las privatizaciones de bienes comunes (salud, educación, vivienda, necesidades básicas) y bienes comunes naturales (acceso al agua, medioambiente, biodiversidad, calidad de vida).
Algunas conclusiones
Algunas conclusiones pueden señalarse en relación a los cambios que hay que abordar ante la crisis climática, económica, social e institucional actual, que involucran –como vemos– al conjunto de ideas, prácticas de funcionamiento y convicciones que habitualmente se utilizan en la manera de relacionarnos entre nosotros y con el medioambiente. Todo ello involucra una reflexión profunda sobre el alcance de dichas ideas (y las ideologías que siempre las acompañan), a fin de vislumbrar el cambio de valores y percepciones que hay que incorporar para dotarnos de un nuevo paradigma de desarrollo más justo, solidario y sostenible.
Situar el cambio climático en el centro de los programas políticos de cambio por una democracia verdaderamente participativa exige la devolución de la condición de bienes comunes al agua, el aire limpio, la electricidad, las energías renovables, la salud, el acceso a los medicamentos básicos, la sanidad, y la vivienda, entre otros derechos fundamentales de las personas, que han sido objeto de privatización y mercantilización durante estas décadas pasadas con el avance del capitalismo desregulado. Se trata de una lucha por otros valores que deben regir nuestras sociedades para impulsar un modelo productivo y energético solidario y sostenible. La mitificación del afán de lucro, la persecución de un modelo de consumo ilimitado, y la ideología de que la persecución del máximo beneficio individual conduce a un óptimo social constituyen ideologías perversas que hay que combatir en el paradigma de desarrollo actual.
Todo esto implica, pues, una visión crítica sobre el contenido del Producto Interno Bruto (PIB), a fin de identificar dentro del mismo aquellas actividades que deberían ser limitadas (como la producción y venta de armamentos, la exportación de productos alimenticios a gran distancia, la producción de manufacturas superfluas y el consumo de lujo, la deforestación y degradación de ecosistemas, entre otras), y aquellas otras (sanidad, salud, educación, transporte público, vivienda social, saneamiento y gestión de residuos, protección de la biodiversidad, etc.) que deberían incrementarse. De esta forma, con un sistema de crecimiento y decrecimiento “selectivos” del PIB podría avanzarse hacia economías mucho más locales, con mayor identidad territorial, en un mundo mucho más justo, solidario y sostenible.
En este sentido, es necesario recuperar la titularidad pública de las redes de distribución de agua y electricidad por parte de municipios o cooperativas locales; promover sistemas de compostaje municipales; invertir en infraestructuras bajas en carbono y en transportes públicos y ferrocarriles ligeros impulsados por energías renovables; y fomentar un tipo de arquitectura y urbanismo sostenibles, impulsando la rehabilitación de edificios y viviendas, así como la mejora de la eficiencia energética en los mismos.
En suma, es hora de comenzar en serio una campaña mundial para hacer pagar a las grandes empresas extractivas por sus actividades contaminantes, que nos empujan hacia un escenario catastrófico de crisis climática, económica y social. Asimismo, también hay que incluir a las empresas de armamento y las fuerzas armadas, las cuales son grandes consumidoras de petróleo, así como las empresas automovilísticas, las grandes empresas navieras y las líneas aéreas. Hay que imponer gravámenes más elevados por la emisión de gases de efecto invernadero, eliminar los subsidios de los que dichas empresas se benefician, y crear un fondo fiduciario de protección del patrimonio colectivo, que se debe dedicar a construir un futuro sostenible, impulsando la creación de empleos verdes, y fortaleciendo a las comunidades locales para hacer las adaptaciones que todo ello conlleva en los sistemas productivos locales y en los vigentes modelos de consumo insostenible.
[1] Citado por Naomi Klein en su libro Esto lo cambia todo. El capitalismo contra el clima, 2015.
[2] Se estima que el sistema alimentario global es responsable entre el 19% y el 29% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Annual Review of Environment, 37 (2012).
[3] De Echave, José: “La minería peruana y los escenarios de transición”, en Varios Autores: Transiciones. Post extractivismo y alternativas al extractivismo en el Perú. Lima, 2011.
[4] Boletin Nyeleni: Acaparamiento de tierras, nº 9, abril 2012. (www.nyeleni.org). GRAIN: El nuevo acaparamiento de tierras en América Latina, 2010. (www.grain.org).
Francisco Alburquerque Llorens - Coordinador general de la Red de Desarrollo Territorial en América Latina y Caribe (www.red-dete.org)