El IIDL (Instutut Interuniversitari de Desenvolupament Local de la Universitat de Valencia) pone a disposición de las personas interesadas de manera gratuita el último libro de la Colección Desarrollo Territorial, Serie Estudios y Documentos. El libro bajo el título de “Democracia desde abajo. Nueva agenda para el gobierno local” ha sido editado por los profesores Joan Romero (miembro del IIDL y director de la colección) y Andrés Boix. El libro ha sido realizado por Publicacions de la Universitat de València.
En esta publicación además de los editores han participado diversos autores entre los que destacamos las aportaciones a distintos capítulos realizadas por los miembros del IIDL Javier Espacia, Lucía Martínez, Joan Noguera (director del IIDL), María Dolores Pitarch, José Vicente Sánchez, Josep Sorribes y Xavier Uceda.
A modo de anticipo aquí tenéis la introducción al artículo de Joan Noguera, colaborador habitual de este blog, titulado “Promoción Económica y Empleo”. Agenda para gobiernos locales”.
Este texto se publica en este blog con permiso del autor.
Al libro completo se accede a través de este link:
http://www.iidl-valencia.es/?opcion=noticia&id=118&idioma=es
Javier Rodríguez — Director de INGURALDE.
Promoción económica y empleo. Agenda para Gobiernos Locales
INTRODUCCIÓN
La Comunitat Valenciana, al igual que el resto de Europa, enfrenta un cambio de paradigma que remueve los cimientos de la social democracia que se instauró tras la Segunda Guerra Mundial, en un contexto de crecimiento, recuperación del desastre e inicio de unas pautas de producción y consumo de masas desconocidas hasta ese momento. Son muchos los autores vienen anunciando el agotamiento o la inviabilidad del Estado del Bienestar o Welfare State, un modelo sociopolítico en el que el Estado asume la responsabilidad de garantizar el bienestar del ciudadano, para lo cual teje una malla protectora formada por políticas y programas de integración social, universalización de servicios públicos básicos de calidad, y protección del individuo ante situaciones de riesgo como el desempleo, la enfermedad o la carencia de recursos. En su sustitución, y acompañado por un agresivo discurso neoliberal, emerge el Workfare State o “Estado de Prestaciones Condicionadas” (Pike et al. 2006), en el que la protección del Estado se ve substancialmente reducida y, a su vez, condicionada al cumplimiento de ciertas contrapartidas en forma de búsqueda activa de empleo, formación, servicios a la comunidad, etc., que hacen al individuo “merecedor” de la protección del Estado. Tras este “simpático” juego de palabras (welfare – workfare) se esconde, ni más ni menos, que un auténtico cambio de paradigma que afecta, no solo al funcionamiento de la economía, sino al conjunto de los principales elementos que conforman la realidad de las sociedades y los territorios.
En el caso de la actividad económica y del entorno productivo, el cambio de paradigma supone una importante desregulación para permitir que las empresas actúen en condiciones de mayor libertad, y las medidas del Estado se dirigen, en todo caso, a la reducción de las cargas impositivas, la eliminación de derechos laborales y, en suma, la precarización y flexibilización del mercado de trabajo. En cuanto a la dimensión institucional, el nuevo paradigma, aunque no lo expone de forma clara, aboga por una recentralización de las competencias y por una reducción de la autonomía local. Así como la dimensión social del Estado del Bienestar es amplia y abarca un empeño por empoderar a las sociedades locales mediante múltiples formas de participación, el nuevo paradigma se apoya en indicadores macroeconómicos para reducir la capacidad de decisión de las administraciones locales y recortar su marco de actuación en la mayoría de los ámbitos. Eso sí, siempre “obligados” por la necesidad de cumplir estrictos criterios de deuda, ejecución presupuestaria, etc.
El cambio de paradigma comienza a gestarse en los momentos de mayor euforia económica de la década de 1980, y se caracteriza por una aceleración progresiva de los ciclos económicos, sociales y culturales. Buena parte del “contenido” del nuevo escenario global incluye procesos que amenazan la sostenibilidad del modo de vida humano y las bases de su relación con el Geo-sistema. Algunos ejemplos ilustrativos incluyen el incremento de la presión demográfica derivado del crecimiento exponencial de la población a escala global, y sus consecuencias sobre el consumo de recursos, renovables o no; el envejecimiento progresivo de la población y una esperanza de vida notablemente incrementada, la implantación de una cultura de “usar y tirar”, donde el funcionamiento del modelo económico depende de una especie de “consumo compulsivo” que conlleva la substitución rápida de los productos y, por tanto, su obsolescencia programada. Cada uno de estos procesos supone, por sí solo, un enorme reto para buena parte de las estructuras que han sostenido el funcionamiento de la sociedad contemporánea; estructuras que, en muchos casos, ya no responden adecuadamente a los nuevos retos y necesidades globales, ni tampoco a los que se manifiestan en otras escalas, particularmente la local.
Las bases que sustentan la sociedad de 2014 se parecen poco a las que han venido sosteniendo el modelo de producción y consumo fordista consolidado durante el siglo XX; en particular, en su segunda mitad. Los 3.500 millones de habitantes del planeta de finales de la década de 1960 no habían escuchado hablar de conceptos como “sostenibilidad”, “consumo de masas”, “obsolescencia programada”, “capacidad de carga” o “globalización”. Algo más de medio siglo después, con una humanidad camino de los 8.000 millones de individuos, la forma y contenido del escenario global han cambiado de manera tan sustancial, que enfrentamos lo que el prof. Joan Romero denomina como una “Nueva Era” (Romero, 2014): un cambio de paradigma que conlleva un inmenso e intenso proceso de cambio sin certezas ni seguridades, en el que los referentes y soluciones tradicionales dejan de ser efectivos para enfrentar los problemas. Sin embargo, la mayoría de las narrativas de la ortodoxia económica todavía utilizan conceptos e instrumentos válidos en el anterior paradigma, pero de dudosa efectividad en el nuevo contexto. Así, la ventaja comparativa o competitiva, la innovación como elemento fundamental en los procesos de desarrollo (Brown y Burrows 1977), la especialización productiva en actividades con un elevado componente tecnológico, o la insistencia en la dotación de infraestructuras (Melville 1988), entre otros, son estrategias que, sin dejar de ser válidas para la generación de empleo y actividad económica a corto y medio plazo, no responden a los principales retos del nuevo contexto global.
Algunas corrientes de pensamiento surgen como complemento a la interpretación clásica de los procesos de desarrollo económico. Entre ellas destaca el enfoque local del desarrollo, también conocido como desarrollo “de abajo a arriba”, “desarrollo endógeno”, “desarrollo comunitario”, etc. De forma resumida, bajo el enfoque local del desarrollo, el propio territorio y sus habitantes constituyen los principales recursos que facilitan el proceso de desarrollo[1] y, en consecuencia, no hay modelos universalmente válidos ni verdades que sean aplicables en todos los territorios. Por ello, la principal característica del desarrollo local es que es específico y singular para cada lugar, como resultado de la dialéctica histórica irrepetible entre una sociedad y su territorio. La concepción sistémica e integral del proceso de desarrollo conlleva la necesidad de nuevas herramientas de gestión y dirección en los distintos ámbitos de la realidad local, herramientas que, con frecuencia, chocan frontalmente con el estatus quo existente (transversalidad frente verticalidad, territorialidad frente a sectorialidad, coordinación y cooperación frente a jerarquía, flexibilidad frente a rigidez burocrática, etc.).
El enfoque local del desarrollo es también, por naturaleza, eminentemente participativo. En primer lugar porque en el ámbito local se cumplen un conjunto de condiciones que permiten practicar fórmulas de democracia participativa difícilmente aplicables en ámbitos territoriales de rango superior; en segundo lugar, porque la participación permite legitimar social e institucionalmente la estrategia local de desarrollo, componente fundamental y diferenciador de este modelo. La participación presupone un estadio de madurez de la sociedad local superior al otorgado por otros modelos. La sociedad local, a través de sus representantes, se responsabiliza de diseñar e implementar una estrategia de desarrollo consensuada por los actores locales, y legitimada mediante la participación. En consecuencia, los pilares del proceso de desarrollo están prefijados y no son objeto de cuestionamiento en tanto en cuanto no se produzca un cambio sustancial en las condiciones internas o externas del territorio. Y es la existencia de esta estrategia, y del pacto social que la soporta, la primera y principal fortaleza para la consecución de un desarrollo sostenible.
Joan Noguera Tur - Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local. Universidad de Valencia (España)
[1] En el paradigma del desarrollo local, el concepto de desarrollo se desliga definitivamente del de “crecimiento”. La presión sobre los recursos y la insostenibilidad del modelo actual llevan a considerar fórmulas en las que se produce prosperidad, empleo y bienestar social sin que ello signifique tasas de crecimiento del PIB o de población. Al contrario, algunos autores abogan por la estabilización como paso previo a modelos basados en el decrecimiento, como única fórmula para mantener los niveles de progreso y bienestar alcanzados (Latouche 2006).